La regulación de la comunicación en Costa Rica
En Costa Rica, la regulación de los medios se basa en un marco constitucional que protege la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Los artículos 28, 29 y 30 de la Constitución garantizan que ninguna persona puede ser perseguida por sus opiniones, que no existe censura previa y que toda la ciudadanía tiene derecho a acceder a información de interés público. Estos principios se complementan con estándares internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refuerzan el deber del Estado de asegurar un entorno donde las ideas puedan circular libremente.
A nivel legal, el país cuenta con un marco amplio pero fragmentado, integrado por normas como la Ley de Imprenta, las leyes de Radio y de Medios de Difusión y la Ley General de Telecomunicaciones. Desde inicios del siglo XX, Costa Rica ha optado por un modelo desregulado, con pocas herramientas para promover pluralismo y diversidad, y sin límites efectivos a la concentración de la propiedad. La radiodifusión abierta, además, opera bajo un sistema mixto sostenido por una Ley de Radio de 1954 y la Ley General de Telecomunicaciones de 2008, que no aborda temas clave como la asignación transparente de frecuencias, los criterios de licencia o la promoción de la producción audiovisual nacional. Aunque instituciones como la Contraloría, SUTEL o la Universidad de Costa Rica han insistido en la necesidad de modernizar este marco, no existen reformas integrales avanzando en la Asamblea Legislativa.
Paralelamente, áreas crecientes del ecosistema mediático (como la televisión por suscripción, los servicios de streaming, la publicidad estatal o la convergencia entre telecomunicaciones y comunicación social) carecen de regulación específica. En este contexto, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido decisiva: desde el voto que en 1995 declaró inconstitucional la colegiación obligatoria de periodistas hasta múltiples resoluciones sobre rectificación, libertad editorial y límites al poder público, el Tribunal ha actuado como un contrapeso esencial para preservar derechos fundamentales.
Este marco constitucional de protección a la libertad de expresión es complementado por acuerdos e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
En los últimos años, este sistema normativo democrático pero limitado y, a veces, insuficiente, se ha visto puesto a prueba. Diversas redacciones, organizaciones de prensa y entidades académicas han documentado ataques, descalificaciones y presiones del presidente Rodrigo Chaves hacia periodistas y medios, un estilo confrontativo que ha generado preocupación sobre el ambiente para el ejercicio del periodismo, la independencia editorial y la vigencia plena de la libertad de expresión en el país.
Investigaciones relevantes
Regulaciones a la comunicación en Costa Rica. Normativa vigente con votos relevantes (2023)
Regulaciones a la comunicación en Costa Rica (2018)
Leyes y comunicación en Costa Rica 1824 – 1930